El proyecto de ley 31-26 busca modernizar los incentivos al turismo, impulsar nuevos destinos y estimular inversiones en hoteles y productos especializados.
Panamá dio un nuevo paso para atraer inversión turÃstica. El Consejo de Gabinete aprobó el 25 de agosto el proyecto de ley 31-26, que propone un régimen jurÃdico de incentivos fiscales para el turismo y concentra en un solo marco disposiciones que actualmente están distribuidas en distintas normas.
La propuesta llega mientras el paÃs atraviesa un momento de expansión turÃstica. Entre enero y junio de 2026, Panamá recibió 1.755.998 visitantes internacionales, un 17,4% más que en el mismo periodo de 2025, mientras los ingresos turÃsticos alcanzaron US$3.791,6 millones, con un crecimiento de 14,7%.
Una reforma con enfoque territorial
La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que los incentivos no tendrán necesariamente la misma intensidad en todo el paÃs. Las regiones con mayores brechas de desarrollo podrÃan recibir estÃmulos superiores, una fórmula que pone al Caribe panameño entre las zonas con potencial para captar nuevos proyectos.
La intención es utilizar la polÃtica fiscal como una herramienta de desarrollo territorial y evitar que los beneficios terminen favoreciendo proyectos inmobiliarios sin una vinculación directa con la actividad turÃstica.
Hoteles y nuevos productos, en el foco
El proyecto incorpora segmentos como turismo náutico, reuniones y convenciones, ecoturismo, naturaleza y turismo cultural, además de productos especializados capaces de elevar la estadÃa y el gasto de los visitantes. También contempla la modernización de infraestructura turÃstica existente y la incorporación de tecnologÃas.
Para la hotelerÃa, el planteamiento tiene especial relevancia. APATEL señaló que existen actualmente diez hoteles en proceso de renovación y defendió mecanismos que permitan financiar la actualización de establecimientos, incluyendo beneficios fiscales sujetos a las condiciones que establezca la futura normativa.
Panamá busca capitalizar su crecimiento
El momento económico explica parte de la apuesta. En el primer semestre de 2026, el turismo de reuniones registró 74 eventos internacionales, con más de 113.900 participantes, 47.854 habitaciones ocupadas y un impacto económico estimado en B/.91,55 millones. Para todo el año ya estaban confirmados 110 eventos, según la ATP.
Estos resultados muestran por qué Panamá busca ampliar su capacidad turÃstica más allá de los productos tradicionales. La estrategia apunta a captar inversión en alojamiento, experiencias, infraestructura y segmentos que generen mayor permanencia y consumo.
Ventanilla Única para los inversionistas
Otro componente de la propuesta es la creación de una Ventanilla Única TurÃstica, que integrarÃa procesos entre la ATP, el Ministerio de EconomÃa y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, la Autoridad Nacional de Aduanas y otras instituciones.
El proyecto también plantea controles técnicos, fiscalización interinstitucional, separación contable de actividades incentivadas y mecanismos para evitar la duplicidad de beneficios. El enfoque busca combinar estÃmulos a la inversión con mayor control sobre el uso de recursos fiscales.
Un nuevo escenario competitivo
Panamá ya cuenta con antecedentes de incentivos para el sector, entre ellos la Ley 80 de 2012 y modificaciones posteriores. La propia ATP mantiene estos instrumentos dentro de su marco de promoción de inversiones turÃsticas.
La diferencia que plantea el proyecto 31-26 está en intentar ordenar ese esquema y adaptarlo a una industria que hoy demanda productos más diversificados, infraestructura renovada y desarrollo fuera de los principales polos turÃsticos.
Para el mercado regional, incluido Ecuador, el movimiento merece atención: Panamá compite por capital, eventos, hoteles y nuevos productos turÃsticos en un entorno latinoamericano donde los destinos buscan atraer inversiones mediante incentivos y mejoras regulatorias.
El siguiente paso será el trámite legislativo. Hasta que el proyecto sea aprobado y entre en vigor, sus incentivos deben entenderse como una propuesta en proceso, no como beneficios fiscales disponibles para los inversionistas. Su impacto final dependerá de las condiciones, reglamentos y mecanismos de aplicación que acompañen la eventual ley.