El Gobierno de Argentina, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha reformado su Ley de Migraciones mediante el Decreto 366/2025, publicado el 29 de mayo en el Boletín Oficial. Esta reforma introduce cambios significativos que impactan directamente en la movilidad internacional hacia el país, especialmente en los sectores de turismo, educación y servicios sanitarios.
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la exigencia obligatoria de un seguro médico para todo extranjero que desee ingresar al país a partir del 1 de julio de 2025. Esta medida aplica a turistas, estudiantes extranjeros, trabajadores temporales y visitantes en general, con precios estimados entre 15 y 145 dólares por semana de estadía, dependiendo del alcance del plan.
Requisitos migratorios más estrictos para ingreso y residencia
La reforma redefine los requisitos para la obtención de la residencia permanente, que ahora exige demostrar medios económicos suficientes. Asimismo, la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y pierde validez como vía para solicitar la ciudadanía argentina. Solo podrán nacionalizarse quienes acrediten residencia legal continua o califiquen como inversores, concentrando en la Dirección Nacional de Migraciones el poder de aprobar o rechazar estas solicitudes, desplazando al Poder Judicial de ese proceso.
En paralelo, se amplían los criterios para la inadmisión o expulsión de extranjeros: ya no será necesaria una condena penal firme, sino que bastará un procesamiento, una elevación a juicio o incluso “sospechas fundadas de delito”. Esto ha generado preocupación en organismos de derechos humanos y sectores vinculados al turismo, que advierten sobre el impacto en el flujo internacional de viajeros.
Cambios que impactan a turistas y estudiantes
Uno de los elementos más sensibles para el turismo internacional y el segmento estudiantil es la limitación de acceso gratuito a los servicios públicos de salud y educación superior. Solo quienes posean residencia permanente podrán acceder sin costo al sistema sanitario y a estudios universitarios o terciarios.
Los extranjeros con estatus migratorio irregular no podrán matricularse en instituciones de educación superior, y deberán contratar seguros privados o pagar por los servicios médicos que utilicen durante su estancia.
Mayor fiscalización y reducción de garantías
El decreto también fortalece la capacidad de fiscalización de la Dirección Nacional de Migraciones, que podrá realizar operativos en espacios públicos y privados con respaldo de la fuerza pública y autorización judicial. Se eliminan varios recursos administrativos que antes permitían apelar decisiones migratorias, reduciendo a 15 días el plazo para recurrir judicialmente dichas resoluciones.
Implicaciones para el sector turístico
Para el sector turístico profesional, estos cambios suponen un nuevo marco operativo con implicaciones logísticas y comerciales relevantes. Los turoperadores, agencias de viajes, universidades receptoras de estudiantes extranjeros, líneas aéreas y aseguradoras deberán ajustar sus procedimientos e información para viajeros que ingresen a territorio argentino.
Este nuevo régimen, aunque busca reducir el acceso a servicios públicos por parte de extranjeros sin residencia regular, también genera interrogantes sobre su impacto en la competitividad turística del país, en un momento en que la región busca reactivar el sector tras los efectos postpandemia